Indemnización al cónyuge más perjudicado será amparada siempre que el daño se acredite verosímilmente

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por el Juez Supremo Francisco Távara emitió Sentencia en el Expediente de Casación N° 1938-2016-LIMA, dejando en claro que en aplicación del Tercer Pleno Casatorio de la Corte Suprema, la Sentencia del Tribunal Constitucional STC dictada en el Expediente N° 07682-2013-PA/TC, y el artículo 345-A del Código Civil, «el juez tiene el deber de pronunciarse sobre la indemnización del cónyuge afectado, no obstante, ello no implica que dicha pretensión tenga que ampararse obligatoriamente», ya que, «todo daño debe ser acreditado a través de los medios probatorios que el cónyuge perjudicado considere pertinente adjuntar».

Según reciente publicación de Diálogo con la Jurisprudencia, «en el caso en mención, el recurrente interpone demanda de divorcio por causal de separación de hecho en contra de, hasta ese entonces, su cónyugue, fundamentando que por problemas personales ambos decidieron poner fin a su relación matrimonial, razón por la cual ella le inició un proceso de alimentos donde se fijó una pensión a favor de sus hijos; además de ello, señala que es causal suficiente para estimar su pretensión, el trascurso de doce años de separación».

Por otra parte, la demandada alega que el recurrente pretende acreditar la separación con solo su dicho, lo que constituye una afirmación unilateral, además que el demandante deberá acreditar encontrarse al día en el pago de sus obligaciones alimentarias.

Al respecto, en primera instancia se declara fundada la demanda considerando que la demandada no ha señalado la existencia de deudas por concepto de alimentos; asimismo, respecto a la indemnización prevista en el artículo 345-A del Código Civil, se advierte que tampoco se ha podido determinar la existencia de cónyuge más perjudicado con la separación. Del mismo modo, mediante sentencia de vista, se confirma la decisión de primera instancia. En consecuencia, la demandada interpone recurso de casación por infracción normativa.

En ese sentido, los magistrados de la Corte Suprema consideran que si bien el artículo 345-A del Código Civil impone al juez el deber de pronunciarse sobre la indemnización del cónyuge afectado, no implica que esta pretensión tenga que ampararse obligatoriamente, desde que a pesar de la naturaleza legal de la obligación emergente (que responde al deber de solidaridad), todo daño debe ser acreditado y es, por ello, que el Tercer Pleno Casatorio menciona que: “El consorte pretensor tiene la carga de probar que es el más perjudicado con la separación de hecho o con el divorcio en sí”.

Además en su fundamentación se consideró la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional dictada en el Expediente N° 07682-2013-PA/TC mencionándose que se tomará en cuenta:a) el grado de afectación emocional o psicológica; b) la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y la dedicación al hogar; c) si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado; d) si ha quedado en una manifiesta
situación económica desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenga durante el matrimonio, entre otras circunstancia relevantes”. Asimismo: “(…) las circunstancias del abandono del hogar conyugal, de la manutención de hijos menores de edad, de la existencia de demandas de cumplimiento de obligación alimentaria, etc».

Por tanto, al no haber acreditado la demandada la condición de «cónyuge más perjudicado», no procede el otorgar indemnización alguna.  Ante lo expuesto, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la demandada.

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