CONVENIO ARBITRAL Y PARTES NO SIGNATARIAS EN EL ARBITRAJE DE INVERSIONES

Por Ricardo Enrique Pajuelo Bustamante, árbitro de derecho, especialista en Arbitraje de Derecho.

En mi experiencia de los últimos trece años como Arbitro o Presidente de Tribunales Arbitrales, he cuidado de aplicar correctamente lo establecido en el artículo 14º del Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, que regula en el Perú, la extensión del Convenio arbitral “a los no signatarios”, sin embargo en los hechos, se verifica que al culminar el proceso arbitral e interpuesto el recurso de anulación judicial ante la Corte Superior de Justicia ordinaria, los terceros No Signatarios exigen la inaplicación del citado artículo 14º, bajo la alegación de que “no son parte de la relación jurídica sustancial” planteando su extromisión procesal. Diversos autores han escrito sobre esta innovación normativa que heredamos de la construcción jurisprudencial que realizaron las cortes arbitrales europeas y americanas, y aquí les traigo algunas explicaciones que les podría ser útil en sus procesos arbitrales.

EL CONVENIO ARBITRAL.

El convenio arbitral es el pacto por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o algunas controversias que hubieran surgido o que puedan surgir en el futuro entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. De acuerdo a ley, todo convenio arbitral debe constar por escrito y puede adoptar la forma de una «cláusula» incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente, a modo de adenda o apéndice del contrato.

ARBITRAJE DE INVERSIONES.

¿Qué es inversión? inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, que intrínsecamente implica asumir el riesgo.

El Arbitraje de inversiones es un procedimiento especializado que sirve para resolver disputas entre Estados anfitriones (Estado receptor de la inversión) e inversionistas extranjeros, por eso se le denomina también proceso de solución de controversias inversor-Estado o ISDS. El instrumento jurídico que otorga competencia a un Tribunal de Arbitraje de inversión, es el que establece el espectro que abarca la definición de “inversionista”. Este arbitraje nace tras realizar operaciones de compraventa entre dos mercados diferentes (contado/futuro) para obtener beneficios mutuos, aprovechando las imperfecciones de tales mercados, conforme a lo establecido en la Convención de Washington de 1966, que estableció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del grupo del Banco Mundial.

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